Por qué las sanciones de Trump al TPI podrían romper la unidad occidental sobre crímenes de guerra
La administración Trump se prepara para sancionar a la Corte Penal Internacional, lo que podría aislarla del sistema financiero en dólares. Esta medida, respaldada por el gobierno japonés de Takaichi, amenaza con fracturar la alianza occidental en materia de rendición de cuentas y revivir un precedente establecido en 2020.
Los dólares que podrían silenciar La Haya
El Wall Street Journal informó el 20 de septiembre que la administración Trump está preparando sanciones abarcadoras contra la Corte Penal Internacional, una medida que dejaría efectivamente al tribunal desconectado de la mayor parte del sistema global de compensación en dólares. Si se concreta, las consecuencias irán mucho más allá de una disputa diplomática. Representan el intento más agresivo hasta ahora para desarmar un organismo judicial internacional que cada vez tiene más casos en su docket vinculados con Estados Unidos.
La lógica es directa. La CPI depende de transacciones en euros y dólares para sus operaciones: pagos a investigadores, transferencia de pruebas, logística de protección a testigos, incluso los mecanismos cotidianos de emisión de órdenes de arresto a través de canales financieros. Sancionar directamente a la Corte, en lugar de a jueces individuales, obligaría a los bancos y cámaras de compensación a elegir entre hacer negocios con La Haya o mantenerse conformes con las directrices del Tesoro estadounidense. La mayoría elegirá lo segundo. El resultado será la parálisis, no la condena.
Esta no es una idea nueva en Washington. La misma administración ya había impuesto sanciones selectivas contra la fiscal de la CPI Fatou Bensouda y William Bauer en 2020, después de que la Corte iniciara un examen preliminar sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses y afganos. Esa medida anterior fue limitada: personas, no instituciones. La propuesta actual es cualitativamente distinta. Sancionar a la Corte como organización envía la señal de que se busca desmantelar la arquitectura de la rendición de cuentas, no simplemente castigar a sus investigadores.
Tokio también está detrás de esto
Lo que hace especialmente relevante esta escalada es el papel de Japón. Según Kyodo News, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi comunicó a funcionarios estadounidenses el 17 de septiembre que continuaría haciendo lobby en Washington para presionar a la CPI. Esto representa un cambio dramático frente a la postura tradicional de Japón como defensor incansable de las instituciones internacionales, un país que ha contribuido sustancialmente al presupuesto de la Corte y ha promovido el Estatuto de Roma en foros multilaterales durante décadas.
El cambio no es accidental. El gobierno de Takaichi enfrenta su propia exposición legal. La CPI emitió una orden de arresto en 2024 contra el ex primer ministro Fumio Kishida y el ex ministro de Defensa Nobuo Kishi por su manejo del incidente de las minas terrestres de Nagano en 2018, que involucró a manifestantes civiles. Al alinearse con la campaña anti-CPI de Washington, Tokio obtiene un escudo geopolítico. Es un cálculo transaccional vestido con lenguaje de reforma institucional.
El precedente es peligroso. Cuando un gobierno en ejercicio hace lobby activamente ante la única superpotencia del mundo para paralizar un tribunal que exige responsabilidad a sus propios líderes, normaliza la idea de que el escrutinio judicial internacional es ilegítimo en lugar de vinculante. Esa lógica no se mantendrá contenida dentro de las fronteras de Japón.
El contrapeso interno
No todos en Washington están de acuerdo. Kyodo informó el 14 de septiembre que un grupo bipartidista del Congreso solicitó formalmente al gobierno que proteste contra las sanciones a la CPI. Se trata del mismo Congreso que en ocasiones ha puesto límites a los instintos de política exterior de Trump, y ve algo que la administración puede no estar considerando: que socavar a la Corte daña más la credibilidad estadounidense de lo que la protege.
También existe un complica ción legal que la administración parece estar esquivando. Las actividades recientes de la CPI se han expandido más allá de su enfoque tradicional en África. El 16 de septiembre, el ex presidente venezolano Nicolás Maduro compareció ante el tribunal por primera vez desde marzo de 2025, marcando un momento significativo en los esfuerzos del tribunal por perseguir la rendición de cuentas en casos de migrantes y desplazados. Sancionar a la institución mientras aborda casos que involucran actores no occidentales —casos que Estados Unidos ha apoyado públicamente— revela el carácter selectivo de la oposición. El objetivo no es el exceso de alcance de la Corte, sino su alcance hacia aliados y enemigos de Estados Unidos por igual.
Quién gana, quién pierde
Los ganadores son claros. La administración Trump obtiene una herramienta de coerción que opera fuera de cualquier marco de tratados. Las cortes no pueden sancionar a otras cortes. El gobierno de Takaichi evita la exposición legal de Kishida y Kishi. Los gobiernos de tendencia autoritaria en el Sur global verán esto como una validación de su crítica de larga data de que la CPI es un instrumento occidental.
Los perdedores son más difíciles de nombrar pero más fáciles de sentir. Las víctimas de crímenes atroces pierden un foro. Los supervivientes de la agresión pierden un mecanismo que no depende del Consejo de Seguridad, y por lo tanto, del veto estadounidense. Las generaciones más jóvenes de diplomáticos y profesionales del derecho pierden un precedente que demostró que el derecho internacional podía operar de manera independiente al consentimiento de las grandes potencias.
También hay una pérdida institucional más amplia. La CPI siempre fue vulnerable. Fue creada por tratado, no por el mecanismo de aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. Su financiamiento siempre fue parcial, su cooperación siempre intermitente. Pero su supervivencia dependía de la suposición de que las grandes potencias no atacarían sistemáticamente sus fundamentos. Esa suposición ahora ha desaparecido.
Qué sucede a continuación
Si las sanciones se materializan, hay que esperar que la Corte opere con capacidad reducida: no cerrada, sino coartada. Las investigaciones se ralentizarán. La protección a testigos será más difícil de financiar. La cooperación con estados que dependen de la compensación en dólares se volverá condicional.
Los aliados europeos probablemente enfrentarán una opción imposible. Francia y Alemania se han comprometido públicamente a defender a la CPI. Pero sus propios sistemas bancarios están profundamente expuestos a la regulación financiera estadounidense. Un mecanismo alternativo de compensación coordinado europeo es teóricamente posible pero prácticamente lejano. Aún no existe la voluntad política.
El giro de Japón es el movimiento unilateral más consequential. El país ha dedicado treinta años a construir su identidad de posguerra en torno a un orden basado en reglas. Esa identidad ahora se está intercambiando por protección legal. Cómo responden otras potencias medias —Corea del Sur, Canadá, Australia— determinará si esto es un reacomodo aislado o el inicio de una retirada más amplia frente a las restricciones institucionales.
La aparición de Maduro ante el tribunal el 16 de septiembre nos recuerda que la CPI no es un proyecto terminado. Sigue ampliando su jurisdicción, todavía encuentra su ritmo. La pregunta ahora es si sobrevivirá a la presión, o si la presión llegará a destruirla por completo.